Un Nexo de Corrupción Expuesto: La Búsqueda de Justicia de un Inversionista Estadounidense en Costa Rica
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Todo comienza con una denuncia penal formal. Pero este no es un caso ordinario—es una historia de poder, corrupción y supervivencia, que se extiende desde las calles bañadas por el sol de Costa Rica hasta los oscuros corredores de oficinas públicas, donde las líneas entre la ley y la ilegalidad se difuminan.
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La denuncia, presentada el 6 de septiembre de 2024, está dirigida a algunos de los más altos funcionarios de Costa Rica: el Presidente Rodrigo Chaves, el Presidente Francisco Eiter Cruz Marchena del Colegio de Abogados, el Director del OIJ Randall Zúñiga y Cynthia A. Telles de la Embajada de EE.UU. Es un grito desesperado de justicia de un hombre, Enzo Vincenzi, un empresario estadounidense e inversionista inmobiliario que afirma haber sido atrapado en una conspiración que le ha costado su negocio hotelero, su hogar y su tranquilidad. Pero esto es más que una simple disputa comercial—es un drama noir de traición, extorsión y, en última instancia, supervivencia en un lugar donde la justicia parece comprada y vendida.
La denuncia parece una novela de suspenso, mencionando a abogados corruptos, funcionarios e incluso a un juez. La lista de enemigos de Vincenzi es larga: abogados como Cristian Eduardo Zamora Sequeira, Yorleni Díaz y Andrea Díaz; figuras gubernamentales como el Alcalde de Jacó, Tobias Murillo, y un Fiscal, Carlos Villegas Méndez. Todos acusados de dirigir una red de fraude, obstrucción e intimidación, creada para estafar a los inversionistas de sus propiedades.
En el centro de las acusaciones hay una historia de esquemas fraudulentos, donde los cargos fabricados, incluidas las falsas denuncias de violencia doméstica, son las armas elegidas. Estas acusaciones falsas han dejado a Vincenzi al borde del exilio forzado de Costa Rica. Y aunque el Presidente Rodrigo Chaves ha emitido directrices en el caso, han sido ignoradas o abiertamente burladas por las autoridades locales—autoridades que, según Vincenzi, son parte de la misma corrupción contra la que lucha.
Sus acusaciones son escalofriantes. Vincenzi acusa a los abogados de mala práctica y robo, incluso afirmando que $35,000 fueron desviados de su cuenta en Wells Fargo en EE.UU. Una firma de abogados deshonesta, ZAR Abogados, supuestamente orquestó el robo, con el abogado Cristian Eduardo Zamora Sequeira firmando y endosando cheques de manera ilegal. Esto no es simplemente el lamento de un empresario; es una historia donde la corrupción de alto nivel se entrelaza con la actividad criminal—un submundo oculto detrás de la respetabilidad del sistema legal de Costa Rica.
Luego viene el giro más oscuro—las amenazas de muerte. Según Vincenzi, estas amenazas no son en vano; son parte de un esfuerzo coordinado para asustarlo y silenciarlo, para forzarlo a salir de Costa Rica y dejar sus propiedades e inversiones en juego. Desde una abogada del gobierno, Norma Cayaso, hasta figuras privadas como Myra Cecilia Villalobos Chacón, las amenazas son numerosas, variadas y aterradoras.
Villalobos, por ejemplo, se negó a abandonar la propiedad de Vincenzi a pesar de haber sido legalmente desalojada. En lugar de eso, ella invadió el lugar con medios locales, lanzando campañas públicas de difamación contra su negocio hotelero. Más que palabras, amenazó su vida, a plena vista de testigos, enviando un mensaje claro—retrocede o enfrenta las consecuencias.
Cuanto más se adentraba Vincenzi en el laberinto, más profunda parecía ser la corrupción. Junior y Yorleni Díaz, un par de abogados, supuestamente le robaron, ejerciendo la abogacía bajo falsos pretextos mientras se quedaban con su dinero. José Calderón, otro abogado, amenazó con hacer matar a Vincenzi a menos que le pagara. Cada figura en esta sórdida historia parecía más peligrosa que la anterior, sus crímenes escalando en gravedad—desde robo y fraude hasta tramas de asesinato diseñadas para eliminar a cualquiera que se interponga en su camino.
Aumentando la tensión está el papel de figuras judiciales corruptas. El Juez David Ricardo Madrigal, según Vincenzi, está implicado en obstruir la justicia, dejando deliberadamente cargos falsos abiertos en los registros públicos para exponerlo a un mayor peligro legal. Mientras tanto, los intentos de cerrar casos con la policía se encontraron con engaños—cada vez que Vincenzi recibía la seguridad de que su caso había sido desestimado, regresaba días después para encontrarlo aún muy vivo.
A medida que Vincenzi intenta desentrañar la conspiración que se cierra a su alrededor, su lista de enemigos crece. No solo son abogados y jueces; incluso Carly y James Huba, figuras vinculadas al sector inmobiliario, han hecho amenazas de muerte, presuntamente frente al personal del hotel.
El alcance de la corrupción contra la que se enfrenta Vincenzi es asombroso, pero quizás lo más condenatorio es la podredumbre sistémica en las mismas instituciones destinadas a protegerlo. La abogada del gobierno Norma Cayaso, encargada de hacer cumplir la ley, se convierte en una villana en su historia. Vincenzi la acusa de negligencia, abusos a los derechos humanos y conspiración con Yamileth De Los Ángeles Araya Lara “Mila” para presentar más cargos falsos. En un movimiento sacado directamente de las páginas de una novela noir, las mismas tácticas sucias utilizadas por Villalobos se reciclan contra él—acusaciones fabricadas, difamación pública y una misión inquebrantable para expulsarlo.
La pesadilla de Vincenzi comenzó con un gravamen fraudulento colocado sobre su casa en la provincia de Puntarenas, orquestado por una red de abogados corruptos liderada por Cristian Eduardo Zamora Sequeira, José Juan Sánchez Chavarría y otros. El gravamen, una reclamación fabricada de $12,587 por un impuesto a la propiedad ya pagado por un anterior propietario fallecido, estuvo a punto de lograr la incautación de su propiedad. Vincenzi no tuvo más remedio que transferir la cantidad extorsionada para evitar perder su hogar. Pero esto fue solo el comienzo de un esquema de gran alcance destinado a expulsarlo de Costa Rica, apoderarse de su negocio hotelero y despojarlo de sus activos.
Los actores criminales involucrados no eran meros abogados deshonestos, sino figuras incrustadas en el mismo tejido del sistema judicial costarricense. La abogada del gobierno Norma Cayaso está acusada de orquestar gran parte de la obstrucción de justicia, trabajando junto a otros funcionarios clave como el abogado de la Fiscalía de Garabito Eduardo Mora Casconte y una traductora local, Glynne Dapane Rochester. Juntos, supuestamente conspiraron para silenciar a Vincenzi, aconsejándole que suprimiera evidencia, incluidas las acusaciones fraudulentas de violencia doméstica presentadas en su contra por una mujer llamada Yamileth De Los Ángeles Araya Lara, conocida como “Mila.”
El intento de silenciar a Vincenzi no se limitó a la manipulación legal. Según su testimonio, Cayaso y sus asociados también trabajaron con Mila para sabotear el sistema de vigilancia de su hotel, borrar registros vitales y acceder a sus cuentas bancarias, casi agotando sus fondos en EE.UU. antes de que interviniera la división de fraudes de Wells Fargo. Mientras tanto, las amenazas de muerte contra Vincenzi continuaron escalando, un recordatorio escalofriante de que las fuerzas en su contra no se detendrán ante nada para arrebatarle su vida y sus medios de subsistencia.
La denuncia penal de Vincenzi acusa a esta coalición sombría de abogados, funcionarios de policía y actores privados de llevar a cabo una estafa a gran escala de bienes raíces e inmigración dirigida a inversionistas extranjeros desprevenidos. El esquema alegado es simple: atraer a inversionistas extranjeros con la falsa promesa, tarifas y pagos para ser elegibles para la residencia en Costa Rica, estafarlos con tarifas excesivas y problemas legales fabricados, y luego atraparlos en el sistema judicial con cargos falsos, expulsándolos del país para robar sus bienes. Vincenzi, víctima de este esquema, ya ha contratado a nueve abogados en un intento desesperado por asegurar su residencia, un objetivo esquivo debido a continuas obstrucciones legales. Precision Immigration es mencionado en la denuncia.
La empresa Precision Immigration tuvo un ‘conflicto de intereses’ con la abogada pública corrupta Yorleni Díaz, según un mensaje de voz dejado a Enzo Vincenzi por Craig Anthony Atherton.
Tejiendo esta conspiración criminal está la participación de actores internacionales como Carly y James Huba, dos ciudadanos estadounidenses que, según Vincenzi, se involucraron activamente en difamar su reputación en línea. Sus declaraciones difamatorias públicas en varias plataformas tenían como objetivo socavar su negocio hotelero y desacreditarlo ante los ojos de posibles inversionistas, aislándolo aún más en un entorno hostil.
Esta sórdida historia, plagada de corrupción, violaciones de derechos humanos y colusión criminal, arroja luz sobre un problema más profundo y siniestro dentro de los sistemas legal y político de Costa Rica. Mientras Vincenzi lucha por justicia, la red criminal, envalentonada por años de impunidad, busca silenciarlo de una vez por todas.
Las páginas restantes de su denuncia prometen aún más revelaciones, implicando a jugadores adicionales en esta conspiración, cada movimiento diseñado meticulosamente para despojarlo de todo lo que ha logrado, dejando un rastro de vidas destruidas y confianza quebrantada en el sistema judicial de Costa Rica. La pregunta ahora es si la implacable búsqueda de justicia de Vincenzi expondrá esta red criminal o si él, como tantos antes que él, se convertirá en otra víctima engullida por el sistema.
En una historia apasionante de corrupción sistémica, violaciones de derechos humanos y obstrucción de justicia, el inversionista estadounidense Enzo Vincenzi expone su última resistencia contra la mala conducta legal arraigada en Costa Rica. Con una meticulosa denuncia penal de 13 páginas ahora presentada, Vincenzi advierte que, si la Asociación de Abogados de Costa Rica y las agencias de aplicación de la ley no actúan en un plazo de tres días, la fuerza completa de los organismos gubernamentales estadounidenses intervendrá.
Las acusaciones de Vincenzi no son solo personales, sino que reflejan un patrón más amplio de corrupción dentro de las instituciones públicas costarricenses. Relata la mala gestión fraudulenta de un cheque de $35,000 vinculado a un acuerdo hipotecario, ya pagado a través del seguro tras la muerte del vendedor, Rosibel Zamora Sequeira. Junto con los registros documentados del Tribunal Supremo de Costa Rica y el Tribunal de Jacó, el expediente también contiene evidencia que implica a figuras legales clave en una corrupción generalizada—una red organizada que ha depredado a inversionistas estadounidenses y extranjeros durante años.
Los riesgos son altos, y la determinación de Vincenzi es firme. Su denuncia va acompañada de amenazas de escalar el asunto al Departamento de Estado de EE.UU., al FBI, a la Comisión Federal de Comercio y al Departamento de Inmigración de EE.UU. También exige una prohibición de entrada para los involucrados en estos abusos legales y de derechos humanos en los Estados Unidos. “La inacción de la asociación de abogados llevará a una demanda federal, responsabilizando a todas las partes responsables en los tribunales estadounidenses”, advierte la denuncia.
Con un detalle vívido, Vincenzi documenta una red de conspiraciones destinadas a obstruir la justicia, emitir amenazas de muerte y orquestar un complot de asesinato. Su advertencia es clara: si la Asociación de Abogados o los funcionarios implicados continúan obstruyendo la justicia, se iniciarán acciones legales e investigaciones federales. El clímax de las acusaciones culmina en las últimas páginas del documento, con Vincenzi emitiendo una clara advertencia pública:
“Este malvado, demoníaco y organizado racket ha operado sin control durante años, depredando a inversionistas estadounidenses, canadienses, mexicanos y británicos. A diferencia de otros que han sido victimizados, me niego a dar un paso atrás.”
La evidencia que presenta Vincenzi apunta a mala conducta maliciosa en todos los niveles. Desde abogados corruptos y funcionarios públicos hasta cargos falsos e implicación policial en amenazas de muerte, la denuncia se lee como un thriller de detectives noir, solo que esta vez la escena del crimen es real, y los riesgos son de vida o muerte.
La implacable búsqueda de justicia de Enzo Vincenzi sirve como una condena contundente del sistema legal de Costa Rica y como un llamado a la acción para que las autoridades estadounidenses intervengan. El reloj está corriendo. Si no se toma acción en los próximos días, el próximo movimiento de Vincenzi podría traer el peso de la ley internacional sobre aquellos que se creían intocables.
La advertencia final: “Gobernáos en consecuencia—esto es solo el comienzo.”
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